Los planos para la construcción de la paz a nivel local


En las últimas dos décadas México ha captado la atención internacional debido a los altos índices de delitos violentos como secuestros, extorsiones presenciales, lesiones violentas, homicidios dolosos y feminicidios. Un muestra de ello es que durante dicho periodo varias ciudades mexicanas han ingresado a la lista de las ciudades con las mayores tasas de homicidio por cada cien mil habitantes, posicionándolas como algunas de las urbes más violentas del mundo. 

Sin embargo, el fenómeno de la violencia va más allá del número de homicidios, incluye acciones menos reconocidas y visibles que van desde la violación a derechos humanos, la abierta agresión del Estado hacia sus ciudadanos -ejemplos son las desapariciones forzadas, la falta de acceso a la justicia y las asimetrías que en esta materia se manifiestan por juicios justos, las agresiones dirigidas a reprimir la libertad de expresión-, hasta las agresiones y violencia de privados que pueden ser en el espacio público o en la intimidad del hogar.

Sin lugar a dudas, medir la violencia es un ejercicio complejo pero necesario. Esto se debe a que difícilmente se puede combatir algo que se desconoce como fenómeno y del cual se carecen de indicadores precisos para medir los avances y retrocesos. Por esta razón, el Índice Global de Paz es una aportación importante para describir un fenómeno complejo, más allá de la mera intuición. Desde esta perspectiva, hay que tener presente que los indicadores permiten medir  y evaluar los esfuerzos que se llevan a cabo frente a las problemáticas que se presentan. Por ende, si no contamos con indicadores precisos y confiables no podemos analizar exhaustivamente qué tanto y cómo hemos avanzado en pacificar la realidad social.

La base para que los indicadores sean confiables es que estos se nutran de información fidedigna y homogénea, pues sin esta solo se obtiene una fotografía imprecisa o abiertamente falsa de lo que sucede cotidianamente. Desde esta perspectiva, el compromiso para mejorar los índices de violencia deben pasar por un trabajo sólido para desarrollar sistemas que fortalezcan la denuncia ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. 

No importa el cristal con el que se mire, la información fidedigna es de utilidad para la sociedad y la autoridad. Simplemente recordemos que si contamos con información útil para entender las problemáticas sociales, el comportamiento delictivo y la violencia podemos desarrollar distintas acciones sociales para enfrentarlos o para protegernos. Este es el caso de la creación de comités vecinales que coadyuvan para una mejor protección de los hogares; la identificación estratégica de rutas y horarios seguros para transportar mercancías o para establecer negocios por parte de los comerciantes; la toma de decisiones para las inversiones de los empresarios para evitar riesgos de diversa índole; la elección de rutas para ir a la escuela o al trabajo, así como de lugares para salir de noche y de parques para pasear perros; entre otras tantas acciones. Lo anteriormente descrito evidencia que las personas que están informadas son más propensas a protegerse a si mismos, a sus familias y a sus negocios. Justamente en este plano es donde inicia la cadena de la prevención del delito.

Simultáneamente, la información sobre los fenómenos mencionados le permite a la autoridad generar políticas de prevención del delito, de reacción y desmantelamiento de bandas, de capacitación sustantiva de su personal, de políticas de readaptación social, así como identificar los requerimientos necesarios y el uso de los recursos públicos respectivos. Con base en este argumento es un hecho que los compromisos por una información de calidad, por la transparencia y por la rendición de cuentas deben guiar el actuar de la autoridad.

Lamentablemente, tanto el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) como cada uno de los miembros de la Red Nacional de Observatorios hemos podido corroborar que la calidad de la información en el país que se utiliza para generar indicadores de resultados, continúa siendo muy deficiente. Hemos identificado que en varias entidades todavía existen funcionarios que mal registran e informan o que abiertamente manipulan la información para ocultar fallas, falta de avances o hacer parecer que la situación está mejor de lo que en realidad se encuentra. Aunado a ello, hemos encontrado importantes asimetrías en los procesos y mecanismos de transparencia de la información pública que generan una serie de incentivos para llevar a cabo malas prácticas, ya que se suele premiar a aquellos que informan inadecuadamente a la sociedad.

En el ONC creemos firmemente que para construir la paz en nuestras comunidades, primero, necesitamos entender integralmente lo que está sucediendo para cambiarlo. Por lo tanto, mientras sigamos teniendo autoridades poco comprometidas en esta materia, difícilmente podremos mejorar las condiciones de seguridad del país.

Debido a ello, el ONC ha desarrollado una red que hasta el momento cuenta con 15 observatorios locales certificados que se denomina Red Nacional de Observatorios de Seguridad. Cada uno de los miembros de esta red lleva a cabo importantes esfuerzos en el ámbito municipal y comunitario de 9 entidades federativas para la creación de los planos necesarios para la construcción de la paz. Para alcanzar dicho objetivo, estos observatorios trabajan directamente con las autoridades locales, analizan la calidad de las bases de datos considerando los criterios y metodologías implementadas para su construcción; solicitan los cambios pertinentes; le dan seguimiento mensual a las tendencias de los delitos de alto impacto; georeferencian ciertos ilícitos para identificar cuáles son las zonas más seguras e inseguras y por qué.

Este trabajo incluye generar información pública y accesible tanto para la autoridad como para la ciudadanía a través de los Reportes de delitos de alto impacto. De esta manera, los observatorios trabajan en dos vías: comparten con las autoridades los datos para generar los diagnósticos base para la prevención y reducción de los delitos para trabajar de la mano con la policía y las procuradurías; mientras que a la par mantienen informadas a las personas para que tomen las decisiones más adecuadas para evaluar a los funcionarios y generar una genuina rendición de cuentas en la materia. No basta con decir que “la delincuencia va bajando” o que “estamos mejor que en los últimos diez años” si no somos capaces de demostrar que en verdad está sucediendo.

De esta forma, las acciones de los observatorios locales son el primer paso para la construcción de la paz, tal como lo es el Índice de Paz México 2016, que presenta el Instituto Para la Economía y la Paz.

Sin embargo, en México quien genera la estadística criminal para la creación de los planos para la construcción de la paz es la autoridad de los diferentes niveles. Lamentablemente, parece que aún no han entendido la importancia de contar con información válida. 

Esto es un problema para quienes trabajamos con la información pública como los observatorios y el Instituto para la Economía y la Paz. No podemos ignorar cómo afecta que las autoridades no generen información del todo válida y comparable para la creación del Índice, que como todos, tiene fortalezas y debilidades. La fortaleza principal de esta aportación ciudadana radica en que utiliza una metodología seria, replicable y transparente que busca explicar y medir la debilidad de nuestro Estado de Derecho. No obstante, su debilidad es que se construye a partir de información pública generada por las instituciones que han generalizado la corrupción, que han dificultado el acceso a la justicia y la reparación del daño a las víctimas y que, en ocasiones, han obstaculizado la publicidad de la información por considerar que les afecta.

En el ONC analizamos mensualmente las tendencias de las averiguaciones previas y carpetas de investigación que las instituciones de procuración de justicia presentan públicamente sobre los delitos cometidos en su entidad. Periódicamente, reconocemos y enfatizamos que los rankings construidos a partir de información pública deficiente castigan a las entidades que hacen el mayor esfuerzo por presentar datos apegados a la realidad (como aparentemente sucede con Nuevo León y Baja California) y premian a aquellas que mal informan (como es el caso de Nayarit y Veracruz).
Por ende, lo más negativo y preocupante es que las autoridades usan la información para autolegitimarse, perpetuar políticas inefectivas que violan derechos humanos y promueven una imagen falsa de las condiciones de la entidad como muestra la siguiente nota informativa: Nayarit uno de los estados con bajo índice de impunidad.

No desestimamos la creación de este tipo de índices sino todo lo contrario pues representan esfuerzos necesarios y oportunos de organizaciones como el Instituto para la Economía y la Paz. Lo que hemos insistido desde hace años, es que la información pública con la que trabajamos en México, pese a algunos esfuerzos aislados por fortalecerla, sigue siendo de muy mala calidad, por lo que tomar los datos sin analizar su procedencia, nos lleva a conclusiones equivocadas. El Índice de Paz un excelente instrumento que debe ser fortalecido y que tendrá impacto una vez que nuestras autoridades cumplan con su deber sustantivo: gobernar apegados a la norma y rendir cuentas por su actuar.

Para que esto se logre necesitamos contar con dos leyes fundamentales para conocer, medir y evaluar el desempeño de nuestros gobernantes: la Ley de Archivos y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. La Ley de Archivos es una iniciativa que desde hace más de una década espera ver la luz. Es una iniciativa fundamental para que la Ley de Transparencia sea efectiva ya que establecerá qué información debe ser resguardada y cómo debe ser tratada. 

El trabajo de los observatorios locales y del Instituto para la Economía y la Paz ya no sólo es la creación de planos para mejores políticas públicas en búsqueda de la paz, puesto que ahora necesitamos generar herramientas para evaluar la calidad de los materiales  y procesos. Esto es fundamental para exigirle a las autoridades con evidencia y argumentos que mejoren y transparenten su actuar. México y la sociedad  han cambiado y, por ello, no podemos continuar permitiendo más simulación e impunidad si queremos un país seguro, justo y pacífico.

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