Apuntes sobre mando único y desarrollo policial


La Policía Estatal Única es la iniciativa del Gobierno de la República que se busca reposicionar como solución a los problemas que aquejan históricamente a las instituciones policiales como son: la corrupción, la infiltración por el crimen organizado y la falta de capacidades para dar resultados contra el delito. Trata de achacar esa situación, principalmente, a la debilidad manifestada por las Policías Municipales. Esta iniciativa está en la mesa desde el sexenio anterior, pero no había sido considerada hasta que, luego de la desaparición de 43 jóvenes a manos de autoridades municipales en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto, la retomó como respuesta a la situación que atraviesan estas instituciones. Esto ha abierto la puerta a un debate nacional acerca de la policía que queremos. Ha puesto sobre la mesa las iniciativas de otros partidos, como son el Partido Acción Nacional  (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática  (PRD) y que abogan por un cambio que en esencia, busca lo mismo –fortalecer a los organismos policiales-.Por último, está la iniciativa del Partido del Trabajo (PT) , la cual privilegia el fortalecimiento del municipio y sus policías. No obstante, a diferencia de la iniciativa impulsada por el presidente, las otras están más abiertas a un modelo mixto y tratan de dar respuesta a los cuestionamientos de especialistas, organizaciones civiles y sociedad en general, como se explicará más adelante. 

La iniciativa presidencial básicamente consiste en que las Policías estatales atraigan el control de las Policías municipales por considerarse, en la iniciativa presidencial, el eslabón más débil de la cadena de seguridad pública, lo que les impide realizar apropiadamente las tareas que tienen asignadas. El presidente Enrique Peña Nieto “plantea reformar siete artículos de la Constitución —21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123—, y argumenta que estos cambios permitirán una mejor coordinación entre autoridades para combatir a la delincuencia”  y evitar crímenes como el de Iguala. Desde la asignación de mandos por parte de la Policía estatal, hasta la disolución de poderes en el municipio para que el control sea tomado por el gobierno estatal o federal, pretende establecer un conjunto de reglas orientadas a recuperar el control de la seguridad en aquellos municipios cuyas autoridades hayan sido rebasadas por el crimen. No obstante, la idea de fondo es desaparecer a las mil 800 policías municipales del país para dar paso a 32 policías estatales con control de la seguridad sobre todos los municipios. Esto fue acordado en la Conferencia Nacional de Gobernadores a principios de enero de 2016, aunque las posturas han variado y están sometidas a la discusión política, como se verá más adelante. 

Entre las supuestas bondades del mando único, las autoridades destacan la posibilidad de reducir la infiltración del crimen organizado en los municipios mediante la disolución de la Policía Municipal, que sería absorbida por la policía estatal a través de un mecanismo no decidido aún, pero que ya ha sido ensayado integrando mandos “certificados” designados desde el gobierno del estado. También dicen que servirá para cristalizar un modelo nacional de la Policía con leyes y procesos operativos homologados. Hasta ahí suena como algo lógico, positivo y útil. El problema es que esa versión representa sólo una parte de la historia y no contempla las dificultades que una versión operativa de esta naturaleza podría generar. Se concentra principalmente en un cambio gerencial sobre los responsables de la toma de decisiones pero no considera aspectos trascendentes como el Sistema de Desarrollo Policial que está en la ley desde 2009 y que según datos de Causa en Común, no ha sido cumplida en su totalidad por lo menos en 25 estados. 

Cabe señalar que el desarrollo policial consiste en el entramado de reingeniería organizacional pensado para la consolidación de instituciones policiales estructuradas y reforzadas alrededor de su capital humano en los ejes principales de: carrera policial, profesionalización, certificación integral y régimen disciplinario, los cuales están contemplados en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública como parte esencial de la modernización de la Policía en México. 

En el Semáforo de Desarrollo Policial 2015, realizado por Causa en Común A.C. se detectó que la mayoría de las Policías estatales, 15 para ser exactos, no cumplen con los criterios mínimos establecidos por la federación en materia de desarrollo policial. Es decir, desde que se acordó que el desarrollo policial sería el piso de partida para crear Policías profesionales y dignas, hace aproximadamente 6 años, los gobiernos de los estados han ocupado los recursos de fondos federales adicionales a su propio presupuesto, para, supuestamente, crear y generar estos estándares. Ellos se deberían reflejar en el desarrollo de estrategias para el cambio organizacional de la policía como son: profesionalización, certificación y acreditación, el régimen disciplinario y la creación de un sistema de carrera policial. 

Dichos ejes de trabajo están mandatados por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y son operados por su Secretariado Ejecutivo a través del diseño de lineamientos y estándares que deben, hipotéticamente, ser materializados por cada una de los organismos policiales del país a fin de modernizar las Policías en diversos ámbitos, como son: el equipamiento, la actualización de tecnologías, cambios en las leyes y reglamentos y principalmente, en la mejora de las condiciones laborales y materiales de los recursos humanos que integran estas instituciones. Para lograrlo, el Gobierno de la República ha creado y otorgado, desde hace más de 10 años, fondos de apoyo para generar estas condiciones . Los fondos usados son: el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, (FASP), el Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las Delegaciones del Distrito Federal (SUBSEMUN) y el Subsidio para la Policía Acreditable (SPA). Para 2016, se desaparece el SUBSEMUN y da paso al FORTASEG, acrónimo del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública. La idea de este cambio es fortalecer la profesionalización de policías municipales y abrir paso a la posibilidad de que el recurso sea ejercido con los criterios del mando único. 

Sin embargo, los estados no han logrado consolidar, ni con sus propias corporaciones, un sistema policial que permita erradicar la situación estructural por la que atraviesan desde hace años. Consolidar una buena Policía, definitivamente cuesta mucho dinero, sin embargo, independientemente de tener un programa de financiamiento que permita ejercer más recursos, lo que hemos visto es una mala administración de ellos y una falta de capacidades técnicas para diagnosticar necesidades, tomar decisiones y dar seguimiento a resultados. 

El FASP, el SUBSEMUN y el SPA, que hasta 2015 formaron la triada de las aportaciones federales a los estados para fortalecer sus policías, todos los años han reportado no solo desvío de recursos para fines distintos a los designados sino también importantes sub ejercicios. Por poner un ejemplo, Michoacán, en el periodo de mayor gravedad del fenómeno delictivo (2009-2014), dejó de ejercer el 31.6% de los fondos que recibió, lo que equivale a 490 millones de pesos sin utilizar y sin saberse por qué no lo hizo. Además, en 2011, el gobierno de ese estado no pudo comprobar los gastos del FASP por 238 millones de pesos, de un monto de 258 millones que había recibido[i]. Tan solo en el reporte de gastos publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se reconoce un subejercicio de 5.9% de los recursos para el mismo periodo, lo que equivale a dos mil 624 millones 90 mil 524.06 millones de pesos, de los 43 mil 884 millones 952 mil 354 pesos que recibieron en esos cinco años consecutivos. Y esto no considera que esos recursos fueron ejercido en la opacidad, sin controles precisos, que tienen varias observaciones en las auditorías realizadas por la ASF, donde se señala la carencia de mecanismos contables que permitan conocer claramente el destino de los recursos, pues en variadas ocasiones se transfirieron a otras cuentas, no hubo registros de cheques expedidos, o simplemente se ejercieron para gastos distintos a los fines previstos. En una valoración al FASP que Causa en Común realizó en alianza con el Instituto Mexicano de la Competitividad, se recomienda transparentar el ejercicio de los recursos mediante la creación de un catálogo de gastos donde se precise aquel que quede protegido bajo los criterios de “seguridad nacional”. También solicitan crear un comité de seguimiento al gasto del FASP comprometido por las entidades, con el objeto de que verifique incumplimientos y pueda promover sanciones ante ellos.

A nivel jurídico, la investigación de Causa en Común reveló que tan solo en términos de lo que representa la base para la construcción de instituciones confiables: el desarrollo policial, 20 entidades carecen de Comisión de desarrollo policial o la que hay no funciona conforme a lo previsto, 12 no cuentan con reglamento del servicio profesional de carrera y 13 no han tenido ascensos en los últimos 3 años. Esto indica que la seguridad en México sigue siendo más un tema de interés político, de la administración de los riesgos que representa el crimen, que de efectivo interés por desarrollar capacidades técnicas y compromisos para fomentar la lealtad institucional que permitan mejorar el combate al delito en las entidades y la seguridad de los ciudadanos.

La situación señalada implica que las Policías Estatales aún tienen serias dificultades para diseñar e implementar los procesos básicos que un policía debe experimentar a lo largo de su carrera, lo que genera que sus integrantes carezcan de certidumbre sobre su permanencia y su crecimiento profesional, así como de incentivos para el buen desempeño de sus funciones. Peor aún, miles de policías carecen de protección jurídica institucional para ejercer su derecho a defenderse cuando son imputados por violaciones a su régimen disciplinario. Es decir, viven en un estado de permanente indefensión. Su institución no los cuida y por el otro lado, la sociedad los margina. 

Para comprender esto de una manera sencilla, significa que hoy en día si un policía pierde la vida en el cumplimiento del deber, es muy probable que su familia quede en el desamparo y no reciba ni una indemnización, salvo contadas excepciones. Significa que un policía se considera capacitado y listo para el servicio con tan solo seis meses de formación en un instituto de dudosa calidad académica, con una disciplina laxa y sin tener conceptualizada la trascendencia e importancia de su rol dentro de la sociedad. Implica que si un policía se ve envuelto en una situación donde tuvo que usar su arma para proteger su vida o la de otros, existen muchas posibilidades de que su institución no lo apoye jurídicamente y sea abandonado a su suerte, sobre todo cuando la situación es polémica. Significa que, si ese policía quiere estudiar y crecer profesionalmente, solo en pocos estados podrá acceder a un proceso institucionalizado para subir de rango o de nivel a menos que se someta a las necesidades e intereses del mando -sean legales o no-, para poder aspirar a un ascenso, ya que no hay estructura o medio que sirva para reconocer a los mejores agentes.

Entre otras, tales son algunas de las condiciones en que miles de policías estatales salen cada día a trabajar, además de las conocidas experiencias con la corrupción en los mandos o entre sus compañeros, que principalmente se repiten por la necesidad de conservar el empleo, de ganar un poco más de dinero o bien, para los más retorcidos, abusar del poder que la autoridad les confiere. Esa es la situación en la que viven los policías estatales de México al día de hoy. 

Y si los gobiernos de los estados no han sido técnicamente capaces de cubrir su propio estado de fuerza que según el SESNSP asciende a 127,630 policías en todo el país, hasta noviembre de 2015, es totalmente válido preguntarse si podrán asumir el control administrativo y de la carrera policial de otros 132,691 policías municipales más. Y si a esto añadimos la incapacidad manifiesta de entidades como Michoacán, Tamaulipas, Veracruz o Guerrero, donde la policía estatal y municipal ha sido más que rebasada y está bajo control de la federación a través de la Policía Federal, el Ejército y la Marina ¿Qué va a pasar cuando en esas entidades dichas autoridades se declaren incompetentes para hacer sus funciones? ¿A quién van a llamar? 

Se genera esta duda por los graves casos de presuntas violaciones a derechos humanos ocurridos recientemente en México, entre los que destacan la desaparición de 43 estudiantes en Iguala Guerrero, a manos de policías municipales y estatales, ocurrido en 2014. De igual forma, la desaparición de5 jóvenes a cargo de policías estatales de Veracruz, en el municipio de Tierra Blanca a principios de 2016. Pues incluso en el segundo caso mencionado el comando a cargo de los agentes responsables, era un policía que no pasó sus pruebas de control de confianza y aún seguía en el cargo. 

La situación actual produce entonces la necesidad de preguntar ¿Qué tan cierto es el argumento de que las Policías Estatales cuentan con la infraestructura y las capacidades como para acoger las funciones de los municipios? ¿Qué garantías tenemos de que las policías de los estados no sufrirán infiltraciones del crimen? Así como, según las autoridades, es más fácil coordinar a 32 Policías estatales que a 1,800 municipales, se puede inferir que para el crimen organizado sería más fácil ponerse de acuerdo con 32 mandos estatales, que con 1,800 municipales. Y esta preocupación adquiere dimensiones más reales cuando recordamos los antecedentes históricos que tenemos de policías formando y hasta liderando las filas del crimen. 

El problema, en todo caso, no es solo un asunto de mandos o de coordinación, sino también de la indefinición en la que se encuentra la necesidad de modelar la Policía que queremos y construyamos en ese sentido. En principio, se espera que sea útil a las demandas de la comunidad; que sea un modelo en el cual podamos confiar y no al cual, por su naturaleza represiva y lejana al interés civil se le tema incluso más que a los propios delincuentes, tal y como sucede en la actualidad en varias regiones del país. 

El estado mexicano lleva veinte años queriendo inventar el hilo negro en sus fuerzas policiales, pero ha descuidado lo fundamental: la construcción de instituciones sólidas. Esa condición no depende solo de las leyes, las cuales requieren homologarse en su conjunto sin importar si se decide o no el mando único, o bien, o si se decide tomar la propuesta contenida en las iniciativas del PAN y PRD, que en esencia permite dejar algunos estados con mando único y otros no. Depende de la implementación de procesos administrativos y operativos que consoliden las condiciones profesionales de los policías, que constituyan incentivos para mantener la lealtad a la institución y ello no es un tema que solo implique los salarios o las prestaciones. Para mantener la lealtad a una institución se requiere una cultura organizacional que fomente valores fundamentales como la transparencia, la confianza, la lealtad y la comunicación. Esto implica promover el respeto entre pares, impulsar el reconocimiento a la importancia de sus funciones, crear condiciones para que los policías valoren y muestren la trascendencia así como el impacto que su trabajo tiene sobre las condiciones de la sociedad. Implica también que la policía se democratice, entendido esto como la integración de mejores controles internos y externos, sociales e institucionales, donde la participación de la comunidad tenga mayor peso en el diagnóstico de la situación y en la difusión de resultados. Y el desarrollo policial es justamente la punta de lanza para construir estas circunstancias.

Sin embargo, debido a que la Policía sigue siendo más un instrumento del poder político, usado a conveniencia de mandos elegidos por un perfil más político que técnico, que dependen directamente de las decisiones de la autoridad política y no tanto de sus resultados por los servicios ofrecidos al ciudadano, no se observan condiciones que favorezcan una modificación a ello con la instauración del mando único. Por ello, creemos que con el mando único se acentuará esa circunstancia. Además, siguiendo la línea del interés político, es más fácil, hoy en día, para un gobernador, dejar la responsabilidad de la seguridad en manos de la federación que aceptar sus omisiones o carencias en la materia.

Si no se considera la generación de criterios profesionales para perfilar los puestos de mando, haciendo esto de conformidad con procedimientos estandarizados, libres de injerencia política, la situación del personal en un contexto de mando único se agravará porque la selección de mandos sin el perfil adecuado genera descontento entre el personal que muchas veces está mejor capacitado. También provocará que se siga reproduciendo una toma de decisiones sin fundamento técnico (y esto incluye a los militares. La función de un policía, salvo por el manejo de armas, es muy distinta a la de un militar). Incrementará el riesgo en las condiciones laborales y no dará oportunidad de que los problemas de delito que son únicos para cada municipio, puedan ser diagnosticados adecuadamente. Esto último, debido a que muy posiblemente se intentarán crear estrategias estatales sin considerar las particularidades que la naturaleza del delito tiene de acuerdo a las características específicas, en términos de oportunidades para delinquir, que existen en el contexto de las múltiples causas que deben ser abordadas para comprender el delito. 

En suma, antes de considerar al mando único como la mejor opción para la creación de cuerpos policiales confiables y profesionales, sería deseable que las autoridades cumplan la ley vigente, esa que les dota de las facultades para reformar a sus policías mediante la creación de instrumentos como es la carrera policial y las unidades de desarrollo policial. Es importante ponernos de acuerdo sobre la Policía que queremos, realizar un debate serio que nos permita delinear una reforma policial acorde a nuestras circunstancias y necesidades.

Por ahora el debate gira en torno a cinco propuestas: la de la CONAGO, que implica el desarme temporal de 1800 policías municipales, acercamiento a tareas de proximidad y 32 policías estatales para “un mejor” combate al crimen organizado, la cual proponen, sea de carácter “temporal” [i]; la segunda es la del Gobierno de la República, que propone leyes concurrentes entre federación y estados, la desaparición de las 1800 policías para la creación de una policía estatal única y que el estado asuma total o parcialmente las funciones del ayuntamiento cuando se detecte infiltración del crimen organizado; la tercera, del PAN, es la llamada por ellos mismos “flexible” y que consiste en la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, los cuales funcionarían para diseñar, coordinar y supervisar los mecanismos de intervención y colaboración entre las Policías, así como la profesionalización de los servicios periciales del país. Esta propuesta, a diferencia de las otras dos, incluye también la creación del Servicio Nacional de Carrera Policial, que establecería la reglamentación para los procesos de “elección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de personal de instituciones de seguridad pública”[ii].

 

Por su parte, el PRD se pronuncia por una “reforma profunda” en la que se preserve "un papel en materia de seguridad pública para los municipios, la definición de estándares policiales, así como el establecimiento de un organismo certificador nacional de los cuerpos policíacos.”[i] Además, proponen que existan esquemas de mando único parcial o total “cuando las corporaciones policiales de una entidad o un municipio no alcancen los requisitos cuantitativos de población o estado de fuerza establecidos en la ley, o no satisfagan estándares mínimos de eficiencia”[ii]. Y la propuesta más reciente es del PT. Se centra en 3 líneas de trabajo: 1. Fortalecer a las policías, en particular las municipales, 2. Fortalecer criterios de elegibilidad de representantes federales y locales y fortalecer municipios con recursos para respaldar la infraestructura y personal policial.

Lo ideal es que, a través de una discusión seria, con la participación de especialistas y miembros de la sociedad civil a fin de definir de manera democrática un modelo de policía que sea útil a largo plazo. En esencia, desde Causa en Común, creemos que ese modelo policial debe pasar en primer lugar por un proyecto destinado a homologar capacidades y habilidades a través de la creación de estándares profesionales, en el cual la supervisión civil se integre de manera natural a las políticas de seguridad. Que además goce de la capacidad técnica y metodológica para el análisis de información delictiva que sirva como guía para perfilar la toma de decisiones.

En materia de certificación, deseamos que garantice su realización no solo en términos del control de confianza, sino que incluya el desempeño y las habilidades y destrezas, para fortalecer las condiciones operativas de la Policía. Para lograr esto se requiere fortalecer el papel del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para dotarle de mayor autonomía de funciones y de ser posible, con capacidades para sancionar a quienes incumplan los compromisos en materia de las políticas institucionales del ramo. Se necesita también que la estrategia de los gobiernos de los estados sea clara e incluya mecanismos para transparentar el uso de los recursos. Además, como una adición a la certificación, se debe añadir la necesidad de crear estándares que certifiquen a las instituciones, no solo a las personas. 

En suma, para cualquier modelo que se adopte, es necesario que tanto ciudadanía como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública desarrollen un proceso de verificación y certificación de las condiciones institucionales requeridas como piso mínimo, para que una agencia policial pueda desempeñar sus funciones de manera adecuada. En todo caso, la crisis de seguridad que hoy viven varias entidades de la República y la propuesta del presidente en este tema representan una oportunidad histórica para en el Congreso en la discusión para definir un modelo policial adecuado para México en el que se dé importancia a la democratización y profesionalización de las policías y que, a su vez, esté encaminado a acercarse a la ciudadanía para generar corresponsabilidad respecto a los temas de inseguridad y desarrollo policial. 

Es imperativo que las propuestas y la solución de modelo que se consolide en el Congreso tengan como centro las necesidades del ciudadano mediante el reconocimiento de las deficiencias en los servicios que la Policía oferta. Pues, sin una Policía donde los ciudadanos intervengan para supervisar, proponer y conocer, será muy complejo lograr la legitimidad y la eficacia que México necesita de sus corporaciones.  

 

 

 

[i] “Senadores del PRD presentan iniciativa para rediseñar sistema policial”, Figueroa Alcántara Héctor, Periódico Excélsior, 2 de febrero de 2016, consultado el 8 de febrero de 2016.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/02/1072658

[ii]Ídem. 

[i] “Conago plantea a Senado que Mando Único sea temporal”, Robles de la Rosa, Leticia, Periódico Excélsior, 2 de febrero de 2016, consultado el día 10 de febrero de 2016. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/02/1072420

[ii] “PAN presenta iniciativa de reforma en seguridad; va contra el mando único”, Animal Político, 3 de noviembre de 2015, consultado del día 2 de febrero de 2016.

http://www.animalpolitico.com/2015/11/pan-presenta-iniciativa-de-reforma-en-seguridad-va-contra-el-mando-unico/

 

[i] “Causa en Común denuncia omisiones para sancionar desvío de recursos”, CNN México, 15 de noviembre de 2013. Consultado el 10 de febrero de 2016.

http://mexico.cnn.com/nacional/2013/11/15/causa-en-comun-denuncia-omisiones-para-sancionar-desvio-de-recursos

[1]Partido Acción Nacional. “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 21, 73, 76 y 123 Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Gaceta del Senado LXIII/1PPO-45/58914, 4 de noviembre de 2015, consultado el día 10 de febrero de 2016 http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=58914

[1] Partido de la Revolución Democrática, “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21, 73, 76, 104, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública”, Gaceta del Senado LXIII/1SPO-75/60404, 2 de febrero de 2016, consultado el día  10 de febrero de 2016,

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60404

[1] Partido del Trabajo. “iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica y adiciona a la fracción XXIII del artículo 73 y, se reforma la fracción VII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de fortalecer el principio de municipio libre en materia de seguridad pública, profesionalizar a las policías de los tres niveles de gobierno, y para someter a los gobernadores al principio de legalidad”, Gaceta del Senado LXIII/1SPO-77/60503

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=60503

[1] “Mando único policial y otras 10 claves del nuevo plan de seguridad de Peña”, Torres Mauricio, CNN internacional, 3 de diciembre de 2014, consultado el día 2 de febrero de 2016. http://mexico.cnn.com/nacional/2014/12/03/mando-unico-policial-y-otras-10-claves-del-nuevo-plan-de-seguridad-de-pena

[1] Según el estudio realizado por el think tank mexicano Ethos, entre 1995 y 2013 se pasó de 39,800.6 millones de pesos a 219,930 millones de pesos en el presupuesto destinado a seguridad, lo que representa un incremento, en precios constantes a 2010, de 452.5%. Tan solo en 2010, de acuerdo al mismo estudio, los estados ejercieron 68,424 millones de pesos en seguridad, de los cuales 10.1% correspondieron a fondos del FASP.

[1] “Causa en Común denuncia omisiones para sancionar desvío de recursos”, CNN México, 15 de noviembre de 2013. Consultado el 10 de febrero de 2016.

http://mexico.cnn.com/nacional/2013/11/15/causa-en-comun-denuncia-omisiones-para-sancionar-desvio-de-recursos

[1] “Conago plantea a Senado que Mando Único sea temporal”, Robles de la Rosa, Leticia, Periódico Excélsior, 2 de febrero de 2016, consultado el día 10 de febrero de 2016. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/02/1072420

[1] “PAN presenta iniciativa de reforma en seguridad; va contra el mando único”, Animal Político, 3 de noviembre de 2015, consultado del día 2 de febrero de 2016.

http://www.animalpolitico.com/2015/11/pan-presenta-iniciativa-de-reforma-en-seguridad-va-contra-el-mando-unico/

[1] “Senadores del PRD presentan iniciativa para rediseñar sistema policial”, Figueroa Alcántara Héctor, Periódico Excélsior, 2 de febrero de 2016, consultado el 8 de febrero de 2016.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/02/1072658

[1]Ídem. 

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